por Alejandra Provoste Preisler. Gerente de Proyectos, Desarrollo e Innovación. Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM)
El sistema de buses de Red Metropolitana de Movilidad presta servicios a 36 comunas de la Región Metropolitana, en un área geográfica de alrededor de 680 km2 y con una cobertura de 3,150 kilómetros. En un día laboral, se efectúan en promedio más de dos millones de transacciones.
Un fenómeno presente en el sistema de transporte público en Santiago es la evasión, que se configura por el no pago de tarifa o bien por el uso indebido de mecanismos de pago con beneficios tarifarios. Dicha problemática que se considera como uno de los principales dolores de muchos sistemas de transporte en todo el mundo, alcanzó en el segundo semestre del año 2024 un 37.5%[1], lo cual representa 8,3 puntos menos que el índice del primer semestre del año 2023, fecha en la cual se inició la implementación del Plan Anti – Evasión.
Idear e implementar una política pública requiere un proceso riguroso y estratégico que asegure que las acciones sean efectivas, sostenibles y legítimas. Desde el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), hemos desarrollado e implementado Planes Anti – Evasión para el control del correcto pago de la tarifa, los cuales incorporan diversas medidas que buscan atacar las causas estructurales y conductuales de la evasión mediante una estrategia integral y multisectorial. A continuación, detallo los elementos más relevantes que hemos tenido presente.
El objetivo general busca reducir la evasión tarifaria en el transporte público urbano a través de acciones sistematizadas en cinco pilares: fiscalización, control del acceso a los buses; educación ciudadana; nuevas tecnologías que incentiven el pago y coordinación intersectorial, acompañado del convencimiento de que el tratamiento de la evasión requiere de observación y análisis para determinar sus causas, considerando además las condiciones en que se presta el servicio como también los distintos perfiles de los evasores. Ejemplo de ello fue la medida tomada en julio del año 2023, que consistió en instruir a los operadores restringir el acceso a los buses de los pasajeros usuarios sólo por la primera puerta descartando la segunda puerta para el ingreso, revirtiendo con ello la medida tomada durante la pandemia. Dicha acción aumentó las validaciones en los buses en un 8,4%.
Sin duda la fiscalización es el recurso más relevante para el control de la evasión, el efecto disuasivo y educativo no sólo ayuda a reducir directamente la evasión, sino que fortalece la cultura de pago y el respeto por las normas legales y de convivencia en el transporte público. Desde la implementación de los Planes Anti – Evasión se ha mantenido sostenidamente su aumento. En el año 2024 se incrementó en un 30% los controles por no pago de tarifa alcanzando un total de 308.373 controles. La meta para el año 2025 está fijada en 500.000 controles.
No obstante, la fiscalización pierde su eficacia si no va acompañada de otras medidas tendientes a fortalecer los mecanismos de control, a promover una cultura de cumplimiento, y a mejorar las condiciones de acceso y tecnología de pago, para ello se han delineado distintas estrategias y planes de acción, tales como, instalación de mecanismos de acceso a los buses, incremento de zonas pagas, capacitación obligatoria a todos los conductores y personal antievasión, realización periódica de charlas educativas en colegios, campañas comunicacionales, disponer otros mecanismos de pago como es el pago con QR, implementación de tarifa máxima mensual, entre otras.
Las empresas operadoras tienen un rol clave en la reducción de la evasión del pago del pasaje, ya que son responsables directas de la operación de los buses y están en contacto directo con los pasajeros usuarios, conductores y conductoras y el personal que supervisa las zonas pagas. Su rol va más allá de transportar pasajeros: incluye gestión eficiente, control operacional y concientización ciudadana. Sin su intervención, las políticas públicas para reducir la evasión serían mucho menos efectivas. Los nuevos contratos de concesión de uso de vías contemplan expresamente el principio de control activo sobre la evasión, que obliga al concesionario realizar todas las gestiones para la prevención y disminución de la evasión, así como también, contemplan un ingreso adicional al cual el concesionario tendrá derecho por la reducción de los índices de evasión. Para asegurar la transparencia y rendición de las medidas ejecutadas, el concesionario debe presentar semestralmente un plan antievasión.
La revisión y actualización del marco regulatorio también ha sido parte de las medidas adoptadas. A finales de marzo, y luego de realizar rondas de consultas a distintos expertos sobre las mejores prácticas para enfrentar la evasión tarifaria, presentamos un proyecto de ley que establece medidas y nuevos mecanismos para promover el pago de la tarifa. Nuestra propuesta plantea una nueva alternativa de pago al pasajero, consistente en una tarifa recargada, esto es, una tarifa de un monto superior al pagado en el validador, que podrá pagar al fiscalizador y con ello evitar la aplicación de una multa. También modifica el procedimiento de cobro de multa, trasladándolo desde los Juzgados de Policía Local al cobro administrativo mediante un centro automatizado de tratamiento de infracciones a cargo de la Subsecretaría de Transportes. Se otorga más atribuciones al personal de los operadores de transportes, aumentando con ello la capacidad de control de la evasión y su eficacia. Se aumentan los efectos de la anotación en el Registro de Pasajeros Infractores, estableciendo restricciones para el acceso a espectáculos de fútbol profesional, otorgamiento y renovación de pasaporte y permisos de residencia. Salvo aquellas personas que se encuentren autorizadas para hacerlo, se presumirá que quien ingresa por las puertas traseras es un evasor, configurándose una infracción. Asimismo, teniendo en consideración el rol de los conductores, se agravan en un grado la pena del delito de lesiones y amenazas a conductores y fiscalizadores.
Concluimos que una política pública efectiva para combatir la evasión tarifaria requiere enfoque integral, voluntad política y corresponsabilidad ciudadana. Con medidas concretas y monitoreo riguroso, se puede avanzar hacia un sistema de transporte más justo, eficiente y sostenible.
