En forma creciente ha surgido en Chile la discusión sobre la legalidad de los servicios provistos por Uber, una empresa que ofrece servicios remunerados de transporte de pasajeros usando una modalidad no prevista en la normativa: los usuarios deben registrar una tarjeta de crédito en la que se cargan sus consumos y la empresa provee automóviles con conductor, especialmente para viajes urbanos. Esos automóviles pertenecen a particulares que obtienen una renta por operarlos para la empresa. Las tarifas son libres y las determina Uber.
Aun cuando el servicio parece cumplir con su promesa razonablemente bien, se encuentra fuera de la norma aplicada a vehículos de alquiler y en consecuencia, no debería estar operando como lo hace en la actualidad.
El transporte remunerado de pasajeros se encuentra regulado en casi todo el mundo (y obviamente en Chile), debido a las implicancias de seguridad asociadas al traslado de personas. Por la misma razón se fiscaliza fuertemente la operación de buses pirata durante los períodos de vacaciones, y se saca de circulación también a los transportes escolares no autorizados y taxis que funcionan en forma fraudulenta.
Si bien Uber refleja la fuerza con que se imponen las soluciones prácticas armadas sobre plataformas digitales, especialmente cuando generan un valor para las personas, su negocio no se desarrolla en forma leal y competitiva. En efecto, al funcionar fuera del marco normativo, no se somete a las exigencias que deben cumplir otros operadores para acceder a ese mismo mercado. Mientras los taxis funcionan por ejemplo con tarifa regulada y deben ajustar su negocio a esa restricción, Uber fija sus tarifas y puede asegurar sus márgenes libremente, mientras encuentre usuarios dispuestos a pagar.
El éxito de Uber (u otros servicios similares) en Chile, era predecible. La decisión de mantener congelado el mercado de taxis, abriendo solo una pequeña tasa de crecimiento anual, ha generado una brecha que estos servicios cubren. Mientras la demanda crece como consecuencia del mayor ingreso per cápita y el aumento de la población urbana, la oferta solo aumenta entre 2 y 3% anual, lo que resulta insuficiente para mantener un buen equilibrio en ese modo. Esta condición genera dos distorsiones importantes: primero, sube el precio de acceso al mercado, hasta niveles que a veces excede el valor del propio vehículo, y segundo, la demanda insatisfecha busca salida en opciones informales. Así, no solo Uber provee los servicios faltantes, también numerosos vehículos y furgones que transportan sin autorización a personas entre el centro y sus barrios.
Coincido con quienes opinan que el mercado no es el mejor asignador de los recursos en el transporte urbano, liberar el mercado no es una solución. Sin embargo, existen reglas universales que deberían estar en la base de la normativa. Entre ellas, el equilibrio entre la oferta y la demanda, y la consideración de las preferencias individuales de quienes están dispuestos a pagar por servicios de este tipo. Los usuarios de Uber, con alta disponibilidad a pagar, no consideran el transporte público como una alternativa.
No es primera vez que la realidad se adelanta a la regulación. En este caso a mi juicio la solución no es simple. Por una parte los tiempos de elaboración y aprobación de normas que afectan a la industria son superiores a los que desearíamos para situaciones que a todas luces requieren acción. Por otra, el esfuerzo de regular operaciones con contenidos tecnológicos y por ello, con alta probabilidad de cambio en el corto plazo, no se encuentra completamente resuelto.
Tampoco es claro que con buena normativa Uber cambie lo que hace, debido a que precisamente, no acogerse a las normas le reporta beneficios. La fiscalización es escasa porque al no ser identificables los vehículos, es prácticamente imposible detectar el traslado remunerado de los pasajeros.
A partir del caso de Uber surgen dos reflexiones: la primera y más evidente, es la necesidad de anticipación que requiere la normativa para adelantarse a las tendencias en tecnología y modelos de negocios. La segunda es que más allá de lo que hagan las autoridades, los operadores deberían activar mecanismos de análisis permanente de sus mercados, que les ayuden a promover su desarrollo. En este caso, proteger su propio espacio bloqueando el crecimiento, ha resultado en entregar una parte importante del mercado a otros, en un camino que se ve difícil de revertir.
