Boletín 62, febrero-marzo 2017

EDITORIAL

Una afirmación que genera consenso entre ingenieros de transporte y otros profesionales relacionados con el desarrollo urbano es que el sistema de mitigación de los proyectos inmobiliarios sobre la movilidad basado en EISTU presenta importantes debilidades, entre las cuales se encuentran: su precariedad normativa, la baja aplicabilidad del instrumento (sólo un 5% de los proyectos inmobiliarios se someten al sistema) y la arbitrariedad con que en algunos casos se conducen los procesos de aprobación y definición de medidas de mitigación. La Ley de Aportes al Espacio Público, proyecto de larga y difícil tramitación, viene a intentar resolver estas debilidades buscando un sistema que asegure que los proyectos inmobiliarios contribuyan al desarrollo del espacio público siguiendo tres principios fundamentales: Universalidad, Proporcionalidad y Predictibilidad.

Y si bien la ley ha sido en general bien recibida, lo cierto es que varios aspectos bien centrales quedan por definirse a nivel reglamentario. El Reglamento de los nuevos estudios, denominados IMIV, se encuentra en fase final de elaboración y en este número dos socios nos ofrecen su visión sobre el último borrador conocido.

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