El pasado 7 de octubre la Comisión Asesora Presidencial entregó su informe acerca de descentralización y desarrollo regional (el documento completo está acá).
Resulta interesante resaltar las siguientes tres medidas esenciales, de un total de 10, para el logro de una descentralización efectiva:
- Traspasar a los Gobiernos Regionales las siguientes competencias exclusivas, entre varias más: ordenar y planificar el territorio, regular el transporte urbano y rural intrarregional, y aprobar los planes de descontaminación ambiental
- Crear un Sistema de Administración de Áreas Metropolitanas, reconociendo al menos tres áreas a nivel país: Gran Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción, y
- Crear una ley de rentas regionales y modificar la ley de rentas municipales, que permita la implantación efectiva de la descentralización. Se busca la gestión autónoma local y regional de los recursos, pasando del 18% actual al 35% del gasto sub nacional del total de ingresos fiscales.
En el ámbito del traspaso de competencias, se propone crear en cada región al menos cuatro direcciones regionales, una de las cuales corresponde a: Infraestructura, Habitabilidad, Desarrollo Urbano, Transporte y Medio Ambiente. Esta dirección aglutinaría las siguientes unidades actuales: Arquitectura-Obras Portuarias- Vialidad- Obras Hidráulicas (MOP), SERVIU, Transporte y Telecomunicaciones, y Medio Ambiente. El objetivo de estas direcciones será la de materializar las políticas y planes regionales, ejecutando programas y proyectos específicos.
En el caso de regiones con áreas metropolitanas, se reconoce la necesidad de contar con cinco direcciones, dos de las cuales corresponderán a:
- Infraestructura, Vivienda, Desarrollo Urbano, y Medio Ambiente: Arquitectura-Vialidad- Obras Hidráulicas (MOP), SERVIU y M. Ambiente.
- Transporte: vialidad urbana SERVIU, D. Arquitectura, D. Vialidad, D. Obras Portuarias, SECTRA y UOCT del MTT
La dirección de la gestión del espacio urbano debe generar y administrar, entre otros, los siguientes instrumentos: Plan de Medio Ambiente del Área Metropolitana, Plan y Gestión de Vivienda y Hábitat, Plan Plurianual de Inversiones Metropolitanas, Administración del sistema de residuos domiciliarios y Borde Costero.
La dirección a cargo de la gestión del transporte debe abocarse a la: Planificación de los sistemas de transporte urbano; Planificación de vialidad urbana y territorial; Planificación de inversiones y gestión de la infraestructura de transporte; Regulación del transporte público y privado; Concesión de servicios y gestión de contratos del transporte público; Administración de recursos de la ley de subsidio al transporte público; Gestión del transporte público y de tránsito intercomunal.
Además, la propuesta señala que la Dirección de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología deberá apoyar los procesos de formación de capital humano con pertinencia territorial, en función de los requerimientos de cada región.
El éxito de este proceso requerirá por una parte incrementar el capital humano especializado y con formación en transporte, proveniente tanto de la ingeniería, pero también desde el urbanismo, la geografía, la economía y otras áreas afines. Si se espera que cada región tenga unidades técnicas para apoyar la planificación de planes y programas, dentro de las direcciones multisectoriales que se señala en la propuesta, entonces pareciera que estaremos cortos de profesionales. No es evidente que la mera agrupación de las unidades regionales existentes hoy generará cuerpos técnicos orientados a la planificación, particularmente cuando muchos de ellos han estado, por mandato, orientados a la ejecución de proyectos.
En la misma línea, será necesario generar los incentivos económicos y de capacitación del caso para que los profesionales permanezcan en regiones. La ley de rentas regionales y la modificación de la ley de rentas municipales permitirían la obtención de los recursos para ello.
Además del cambio institucional, es conveniente y urgente la actualización de las metodologías nacionales de evaluación de proyectos. Las diferencias en el tamaño de las ciudades y áreas metropolitanas, sus estructuras urbanas y la idiosincrasia de sus habitantes hace necesario contar con metodologías amplias en cuanto a los atributos a considerar en los procesos de evaluación. Esto abre la puerta a la incorporación de impactos, que se bien sabemos ocurren, hemos pasado por alto en las metodologías actuales. No basta con evaluar los beneficios y costos para los usuarios de los sistemas evaluados. También están cobrando relevancia los impactos sobre los no usuarios, que algunas veces en número son bastantes más que los que usan las intervenciones a evaluar. Esto requerirá determinar los precios sociales o pesos relativos de estos nuevos-viejos impactos, para así incorporarlos en la evaluación de los proyectos, planes y programas.
Esta descentralización del proceso de toma de decisión y gestión no debe perder la visión de política nacional de transporte y desarrollo urbano, en cuanto a privilegiar en las áreas urbanas y su territorio adyacente, la satisfacción de las necesidades de movilidad a través de modos activos y masivos, evaluando planes y programas que así lo consideren. Los equipos de trabajo que están operando en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, así como en la Comisión Pro Movilidad Urbana, deberían generar propuestas concretas al respecto.
