En Santiago, cada noche se van a acostar más de 6.000 buses del Transantiago y pareciera que desaparecen, al menos para quienes no tienen a la vista una de las poco más de 80 instalaciones que se han acomodado para estos efectos y que se conocen como depósitos. Adicionalmente, los buses vuelven a sus depósitos algunas veces durante el día, debido a los cambios de frecuencia de los distintos periodos.
Estas instalaciones, tal como se han desarrollado hasta la fecha, presentan diversos problemas. El primero (y posiblemente más importante) es el de la localización: no están donde debieran estar si se considera la operación del negocio, es decir, su localización obliga a desplazamientos excesivos para las maniobras de posicionamiento de los buses en los cabezales dese los cuales deben iniciar sus servicios. Actualmente, el recorrido no comercial de los vehículos es de casi un 11% a nivel del sistema, aumentando el costo total de operación de manera considerable. Hay operadores en que este valor supera el 20% y existen servicios específicos en que, por ejemplo, para posicionar un bus en Las Condes, este debe ser despachado desde Maipú.
Adicionalmente las instalaciones, según datos de 2011, presentaban un grado de informalidad importante: solamente unas pocas (alrededor de 5) estaban totalmente tramitadas y aprobadas, unas 15 presentaban algún grado de avance en el proceso de aprobación y el resto, unas 60, no tenían factibilidad de llegar a ser depósitos formales (al menos bajo la normativa vigente en ese momento). Entre estos últimos se puede encontrar toda clase de instalaciones, incluyendo varias con un muy bajo estándar: patios sin pavimentar y falta de instalaciones sanitarias para el personal son frecuentes, siendo posible encontrar incluso operaciones en el espacio público.
También significa algún problema el hecho de que el negocio de los depósitos esté integrado al de la operación de buses, particularmente por el hecho de que si un concesionario logra establecer una red de depósitos adecuada, queda en una posición privilegiada para la siguiente licitación.
El origen de esta situación, como ocurre siempre en los problemas complejos, es multivariado y se relaciona con aspectos normativos y económicos. Dentro los aspectos normativos, los requerimientos de diseño son excesivos y se traducen en altos requerimientos de suelo para atender la flota. Adicionalmente, la normativa que rige la localización de los depósitos (PRMS, Planes Reguladores, OGUC) es muy exigente y se traduce, en la práctica, en que varias comunas de la región Metropolitana no poseen suelo disponible para la localización de depósitos de tamaño adecuado, particularmente en el sector centro-oriente de Santiago. Dentro de los aspectos económicos se puede contar que los plazos de las concesiones de vías no son compatibles con la recuperación de las inversiones en depósitos así como la elevada consolidación urbana y el alto precio del suelo en las zonas central y oriente de Santiago.
Los problemas planteados son abordables y la autoridad cuenta ya con el desarrollo de análisis que permiten plantear soluciones integrales al tema, y que incluyen la modificación de la normativa de diseño de depósitos, la modificación de la normativa de uso de suelos y el establecimiento de modelos de negocio viables y adecuados a la economía propia de los depósitos. La adopción de estas medidas de solución pasa por reconocer que los depósitos constituyen un elemento central del sistema de transporte público y asumir que no está dentro de las posibilidades de los operadores de buses resolver el problema durante la duración de sus contratos de concesión. Por ello, la solución obliga a un mayor involucramiento del Estado, tanto en la generación del mercado como en el aseguramiento de la disponibilidad actual y futura de terrenos para el desarrollo de la actividad. Por sobre todo, se requiere lograr un alto grado de coordinación entre distintas instituciones (MTT, Minvu y MOP, al menos), lo que difícilmente ocurrirá sin una manifestación explícita de política pública desde un alto nivel de autoridad en el sector público.
