Desde hace un tiempo se ha vuelto a poner en el tapete la aparente necesidad de incrementar la infraestructura pública de transporte en el país, en áreas urbanas e interurbanas. Del discurso pareciera que se privilegia la construcción per se, sin evaluar la necesidad efectiva de dicha infraestructura.
Esta actitud puede derivar en proveer obras eficaces pero poco eficientes:
- Lograr el objetivo a un costo mucho mayor respecto a otras alternativas de estándar similar,
- Construir obras que nada tienen que ver con el sistema urbano o interurbano en que están insertas o
- Construir infraestructura que en la inmediatez resuelven los problemas, pero que en realidad terminan empeorando la calidad de vida.
Dado que tenemos metodologías de evaluación, que deben ser actualizadas ahora ya, toda esta batería de ideas debería pasar este filtro, respondiendo además a la imagen de ciudad que, por ejemplo, se ha plasmado en la Política Nacional de Desarrollo Urbano.
Un asunto relevante es el financiamiento de la construcción y operación de estas obras. Al respecto es necesario que exista coherencia entre los esquemas de cobro que se implementen en la infraestructura concesionada y las tarifas o precios usados para evaluar socialmente la infraestructura. No hacerlo derivará en que los beneficios que arroje la evaluación social puedan no ser capturados si los montos cobrados están por sobre o bajo los usados en la evaluación social.
También surge la pregunta acerca de si los esquemas de concesión son los más eficientes, además de eficaces, para financiar la infraestructura pública. Una evaluación comprensiva de estos esquemas de financiamiento permitiría detectar cuánto se está pagando efectivamente por las obras construidas y operadas.
La evaluación del Sistema de Concesiones, realizada por la DIPRES el año 2007 (ver acá el documento), mostró que existe un aumento en el costo final de las concesiones, proveniente principalmente de las compensaciones o convenios complementarios a las empresas concesionarias. La ausencia de información sistemática no permitió aquel año realizar un evaluación más profunda de dicho programa. Así también, evidencia internacional cuestiona si este mecanismo de financiamiento es siempre el más conveniente para un país, como se muestra en el estudio desarrollado por David Hall. Por otra parte, el artículo de Bonnafous y Faivre d’Arcier analiza las condiciones bajo las cuales las Asociaciones Público Privadas (APPs o PPP en inglés) son más eficientes desde el punto de vista de las finanzas públicas, mostrando que no existe una respuesta taxativa al respecto; la respuesta es un depende.
Luego de ocho años de la evaluación de la DIPRES y las recomendaciones generadas al alero de dicha evaluación, más la evidencia internacional, parece pertinente que antes de apresurar el paso hacia la construcción de infraestructura, ésta sea evaluada socialmente y se identifique los mecanismos de financiamiento más apropiados y convenientes para el país.
