El Proyecto de Ley de Aportes al Espacio Público transforma la legislación vigente, que actualmente establece la obligación de ceder hasta un 44% del terreno de un proyecto al espacio público (Artículo 70 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, LGUC), y a la que se suman los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU).
Entre las razones para modificar la norma -según nos explicó el Ministro de Vivienda y Urbanismo en el reciente Seminario organizado por SOCHITRAN (quien coincidentemente es Ingeniero de Transporte)- sería la necesidad de hacer más efectiva la aplicación del Artículo 70, dado que la exigencia de cesión de terrenos aplica solamente a loteos nuevos pero no a proyectos de densificación, no existiendo la posibilidad de ceder terrenos en otro lugar o pagar el equivalente al valor del terreno a transferir. Por otra parte, los EISTUs sólo se realizan hoy en el 2% de los permisos de edificación.
El proyecto de ley flexibiliza la regulación, permitiendo el pago del valor del terreno a la Municipalidad, ya sea en dinero o en obras. Los dineros recaudados deberán administrarse en forma separada y serán utilizables para implementar un Plan de Inversiones en el Espacio Público, que cada Municipalidad deberá tener.
Este proyecto resuelve problemas importantes, pero no todos. Permite aplicar la política tanto a desarrollos inmobiliarios nuevos como a densificaciones y utilizar los recursos entregados por los desarrolladores de manera más racional. Sin embargo, hay importantes limitaciones. Una de ellas ocurre en áreas metropolitanas donde no se permite la localización y utilización de los recursos en forma óptima en la ciudad, sino que solamente en la comuna donde radica la inversión inmobiliaria. Esto provocará alta concentración de recursos en unas pocas comunas que aumentan su densidad y en aquellas áreas periféricas que crecen con proyectos nuevos, impidiendo además realizar inversiones que involucren a varias comunas. Otra limitación de la propuesta es la orientación de los recursos recaudados hacia obras de infraestructura, en vez de un mejoramiento integrado del transporte.
En suma, la orientación del gasto de los recursos sólo a nivel comunal impide el mejoramiento del sistema de transporte como tal, con lo cual los problemas podrían terminar siendo transferidos desde una comuna a otra (e.g. flujos de paso), ya que el desarrollo del sistema no es homogéneo ni optimiza el uso del escaso espacio destinado al transporte. Estos problemas pueden provocar impactos importantes en comunas aledañas y no aledañas, dado el flujo importante de recursos que pueden llegar a unas pocas municipalidades.
Con todo, pienso que es un avance en la dirección correcta. Habrá que seguir en esa dirección, perfeccionando el actual proyecto de ley.
