Nueva Política de Desarrollo Urbano: Transporte, por Comité de Tarea, Socios de SOCHITRAN, Ago 2012

Los objetivos de la política de transporte urbano son mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, promover la productividad y el crecimiento económico y social, y proteger activamente el medio ambiente.

Para lograr esos objetivos, la planificación y gestión del sistema de transporte y uso de suelo debe facilitar la movilidad haciendo que las personas y los productos circulen eficientemente y con seguridad; evitando la necesidad de realizar viajes habituales extensos; propiciando actividades que no requieran viajes; velando por el acceso equitativo a fuentes laborales, de estudio, servicios y recreación; y controlando o disminuyendo los efectos negativos de los viajes sobre el medio ambiente y sobre la vida de las personas.

La planificación y operación del sistema de transporte debe, entonces:

– Ser considerada en conjunto con la planificación de usos de suelo y de la localización de viviendas, servicios, fuentes laborales, productivas, de estudio y recreación. Debe también relacionarse con los planes de transporte nacional y regional para asegurar una conexión eficiente con los terminales y centros de transferencia.

– Favorecer y priorizar el transporte público para lograr un diseño y operación eficientes. El sistema a usar en cada caso debe ser escogido mediante una evaluación social entre alternativas competitivas. Los planes deben proteger los espacios que requieran los terminales, así como las fajas que permitan el funcionamiento de servicios de transporte público de alta calidad. Los usos de suelo en torno de los corredores de transporte público deben generar altas densidades, para elevar la demanda de transporte y dar viabilidad económica a los servicios.

– Disminuir la dependencia y uso del automóvil particular y, de esta manera, disminuir la congestión, los accidentes, el uso de combustibles fósiles y las consiguientes emisiones.

– Fomentar la adopción de automóviles, buses y camiones menos contaminantes y más seguros.

– Racionalizar la inversión en infraestructura vial ‒dada la escasez de espacio urbano‒ balanceando la necesidad de lograr un movimiento eficiente y seguro de personas y bienes con la creación y conservación de espacios públicos de alta calidad. En particular, aquellas inversiones en infraestructura orientadas principalmente a usuarios de automóvil deben ser evaluadas cuidadosamente, poniendo énfasis en los fenómenos de demanda latente e inducida, que pueden simultáneamente congestionar la nueva infraestructura y disminuir la participación de mercado del transporte público.

– Generar las condiciones necesarias para que la caminata y la bicicleta aumenten su participación en los viajes urbanos. Esto requiere usos de suelo que induzcan viajes de corta distancia; infraestructura específica con continuidad espacial, segura y de calidad; y una política de intermodalidad que favorezca combinaciones con el transporte público.

– Definir mecanismos que induzcan a los proyectos y desarrollos urbanos de construcción a internalizar los efectos que producirán en el sistema de transporte. Estos mecanismos deben lograr que los costos externos sean adecuadamente capturados en la evaluación privada y que las externalidades negativas no se produzcan.

– Establecer mecanismos que permitan regular la demanda de transporte en períodos y áreas congestionados, tales como políticas de tarificación vial o de racionalización de la provisión de estacionamientos, entre otros.

Para que sea posible implementar las ideas anteriores, se deben cumplir las siguientes condiciones:

– La planificación urbana debe ser integral, abarcando en forma simultánea y estratégica los usos de suelo, las inversiones en infraestructura y la definición y operación de los sistemas de transporte en todas las escalas de planificación, a saber, nacional, regional, intercomunal o metropolitana, comunal y vecinal.

– La institucionalidad debe ser consistente con los criterios de planificación, otorgando a las autoridades políticas atribuciones adecuadas sobre el sistema de transporte. En particular, a nivel de ciudad, debe existir una autoridad elegida con tuición sobre las inversiones en infraestructura y sobre el diseño y operación de los sistemas de transporte público y privado.

– Se debe utilizar estratégicamente el conocimiento y empuje del sector privado, tanto para la construcción, como el diseño y la operación de los componentes del sistema de transporte. Los proyectos público-privados serán una alternativa de financiamiento importante.

– Los sistemas de transporte son diseñados para los ciudadanos, por lo que su operación debe estar permanentemente sujeta a su evaluación. Esto requiere establecer y asegurar instancias permanentes de participación ciudadana.

– Deben existir equipos técnicos y profesionales estables en el tiempo, competentes y de tamaño adecuado para asegurar una planificación, operación y evaluación del sistema de transporte eficiente y eficaz.

– La evaluación de proyectos de transporte debe incorporar adecuadamente elementos relacionados con la calidad de vida y el medio ambiente. Además, se debe recolectar datos y generar indicadores para el seguimiento y evaluación continua de las políticas implementadas.

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