por Carolina Simonetti De G. Gerente General Asociación Chilena de Líneas Aéreas (ACHILA). Socia SOCHITRAN
Luego del impacto producto de la pandemia, el año 2024 la industria aérea en Chile logró finalmente su tan esperada recuperación, superando los 28 millones de pasajeros transportados, lo que supera en un 8% el registro del año 2019, previo a la crisis sanitaria.
En este escenario de aumento en el tránsito aéreo, uno de los principales actores cuestionados ha sido el sistema aeroportuario del país, que durante 2024 estuvo marcado por su recuperación de pasajeros, pero también por episodios difíciles durante los últimos dos meses del año.
Entre estos episodios complejos destaca en noviembre una “ralentización” de los servicios que presta la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que se tradujo en más de 100 vuelos cancelados en un solo día, afectando a miles de pasajeros. Luego, en diciembre, se produjo un empeoramiento en los tiempos de atención en el proceso migratorio del aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB), que ya venían incrementándose desde el mes anterior, y que causaron una situación severa de filas en los días previos a Navidad.
Como gerente de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (ACHILA) fui muy crítica con respecto a este último problema, ya que veníamos realizando desde hace un año un trabajo de coordinación con las autoridades de la Policía de Investigaciones (PDI), advirtiendo que las circunstancias del aumento de pasajeros llevarían al proceso migratorio a un estrés importante durante la temporada alta. Asimismo, hicimos ver nuestra preocupación por el funcionamiento de las recién estrenadas casetas de autoatención (“tótems”), cuyo objetivo en cuanto a facilitar el proceso y liberar funcionarios a nuestro juicio no se habría cumplido. De parte de las autoridades hubo compromisos de reforzar el personal y mejorar el software de los tótems a partir de diciembre; lamentablemente las mejoras y los refuerzos llegaron tarde, una vez que la demanda ya había aumentado y las demoras se hicieron insostenibles.
Más allá de este caso puntual, los problemas en otras zonas de pasos fronterizos se repiten. Hace algunas semanas la prensa dio cuenta de que en el Paso Los Libertadores, los viajeros deben esperar largas horas por la atención de los servicios públicos para poder cruzar hacia Chile (en este caso, PDI, Aduanas y SAG), aparentemente debido a que la demanda supera con creces a los recursos humanos disponibles para realizar los controles.
El Estado de Chile, a través de las autoridades de Turismo, destina importantes recursos para promover a nuestro país en el exterior y aumentar el número de visitantes, ya que la actividad turística es una industria que genera muchos beneficios y se despliega en el territorio y, además, somos un país reconocido internacionalmente por la belleza de su naturaleza. En este contexto, para los próximos años se espera que los pasajeros que utilizan el transporte aéreo sigan aumentando, lo que presionará aún más todos los procesos aeroportuarios, en particular el de control migratorio.
El Estado también ha realizado grandes inversiones en mejorar la red aeroportuaria del país, la que cuenta con un aeropuerto o aeródromo en cada región como parte de la “red primaria” para poder atender a los pasajeros. ¿Dónde está el cuello de botella? Creemos que en las dotaciones de los servicios públicos a cargo de los procesos aeroportuarios. El aumento del transporte aéreo, de pasajeros y también de mercancías, ha ido más rápido que los contingentes de servidores públicos a cargo de su procesamiento. El Estado frecuentemente es lento y rígido cuando de personal público se trata.
Por esta razón, hemos planteado que la forma de suplir esta escasez de recursos humanos de forma sostenible en el largo plazo es la inversión en tecnologías de última generación, que permitan liberar recursos humanos y aumentar las tasas de atención de personas y mercancías a la par que aumenta la demanda, sin descuidar la seguridad en los procesos aeroportuarios. Creemos que están las condiciones para ello, y dado que algunos países de Latinoamérica ya han avanzado en esta línea, es totalmente factible que Chile también se sume a esta tendencia mundial.
Sabemos que las autoridades sectoriales están comprometidas por impulsar este ámbito, sin embargo, nos preocupan los plazos de ejecución. El mejoramiento, ampliación y modernización de la infraestructura aeroportuaria del país deberían ser considerados prioritarios por el Estado, pues en los hechos se trata de una infraestructura crítica, relacionada con el desarrollo del país, la conectividad del territorio y el acceso de las personas a transportarse en el menor tiempo posible.
