Andrés Fielbaum Sch., Ingeniero Civil Matemático y PhD en Sistemas de la Ingeniería, Universidad de Chile. Socio SOCHITRAN
Nuestro país vive un proceso de discusiones profundas, que nos invita a re-pensar los diversos aspectos de nuestra vida cotidiana. Las discusiones sobre los modelos de transporte no han estado ajenos, y conceptos como el derecho a la ciudad, a la accesibilidad o a la movilidad comienzan a nutrirse de contenidos. Existe otra discusión que tiene que ver directamente con los sistemas de transporte, y que puede convertirse en tanto o más importante durante los próximos años: las nuevas tecnologías y su impacto en las fuentes de trabajo.
Y es que el último lustro ha sido uno de grandes cambios para la movilidad urbana de personas y de bienes. La capacidad de coordinar masivamente, y online, vehículos con pasajeros y todo tipo de cargas pequeñas ha implicado la proliferación de apps que ofrecen servicios de transporte de manera rápida y con costos acotados. Si bien su rápida expansión da cuenta de la comodidad que han significado para sus usuarios (en el caso del delivery, exacerbada durante los tiempos de confinamiento por la pandemia), estas apps descansan en una fuerza laboral sin contrato, garantías ni derechos laborales. A sabiendas de que este tipo de servicios pueden expandirse a otras áreas de la sociedad, su regulación puede ser prefigurativa de los tipos de trabajos que primarán en el nuevo Chile.
Desde la teoría de transporte bien sabemos que las nuevas tecnologías no necesariamente implican una mejora general. Las paradojas de Braess y Down-Thomson predicen que incluso pueden producir un empeoramiento general. Y la experiencia nos indica que muchas veces conllevan una mejora para algunos, pero empeoramiento para muchos más. El desafío para quienes trabajamos en transporte no es solamente el desarrollo de las tecnologías, sino que por sobre todo la pregunta de cómo su implementación hace que la mayor parte de una sociedad viva mejor. En este caso, aquello interpela de manera directa a las condiciones laborales mencionadas previamente.
Con otros investigadores de diversas disciplinas hemos encuestado y analizado a estos trabajadores para conocer cómo son sus condiciones, antes y durante la pandemia. Nuestros hallazgos son preocupantes, pues hemos encontrado jornadas laborales muy extensas, alta frecuencia de situaciones de riesgo, y bajos niveles de protección frente a eventualidades (algo que hizo crisis de manera especialmente fuerte durante el COVID). Por otro lado, la facilidad para comenzar a trabajar y la flexibilidad para decidir cuándo hacerlo son altamente valoradas. Las preguntas que debemos responder son entonces: ¿cómo regular este nuevo tipo de trabajos, para que sus virtudes puedan mantenerse, sin que ello implique formas precarias de trabajar? ¿Cuál será el rol del Estado en la provisión y regulación de este tipo de plataformas? ¿Y cuánto de esto cabe en la discusión directamente constitucional?
El uso de nuevas tecnologías es siempre una invitación para mejorar la manera en que vivimos. Además de la regulación, es posible implementar políticas positivas para conjugar las virtudes de este tipo de servicios con mejores condiciones laborales. Cooperativas de conductores y/o repartidores pueden jugar roles importantes, pues no sólo permiten ahorrar las comisiones que cobran las empresas actuales, sino que además le dan la capacidad a sus miembros para decidir las reglas con las cuales operarán. Vale decir que los requerimientos tecnológicos pueden ser avanzados, por lo que es fundamental el apoyo estatal para que este obstáculo pueda ser superado. Más aún, esto abre la opción de promover versiones más sustentables para estos servicios, utilizando vehículos compartidos (en el caso del transporte de pasajeros), y repartos no inmediatos (para los bienes). Este tipo de iniciativas ya han comenzado a emerger en distintos lugares del mundo, incluyendo una incipiente cooperativa de delivery al alero de la Municipalidad de Renca.
La discusión sobre nuevas tecnologías, transporte, y trabajo, no se acaba con este tema. El reemplazo de puestos de trabajo por tecnologías robóticas puede tener un punto de aceleración con los vehículos automatizados, y su impacto en el transporte de pasajeros, incluyendo el transporte público. Así, nuevamente la innovación en políticas de transporte puede fijar el rumbo para cambios que van a ocurrir en varios otros ámbitos de la sociedad. Y como especialistas en transporte, esto implica pensar en todos sus aspectos: desde cómo inducir un impacto a nivel de sistemas de transporte que aliviane la congestión, priorizando el transporte público, hasta cómo garantizar que los cambios no impliquen una cesantía repentina para quienes trabajan en el sector.
Probablemente buena parte de estas discusiones no se reflejen directamente en la nueva Constitución. Pero la manera en la que se resuelvan será significativa respecto a la aplicación de las nuevas reglas que nos demos como sociedad. Son tiempos clave para el futuro del país, de sus sistemas de transporte y de quienes trabajan en ellos, y es fundamental que aportemos en esos debates.
