EDITORIAL
El costo social por fallecimiento prematuro de una persona, por ejemplo en un accidente de tránsito, es UF 3.000 según el Ministerio de Desarrollo Social. Este valor, aunque es muy bajo en comparación con el utilizado en otros países, permite que proyectos que reducen la mortalidad generen grandes beneficios sociales. En esta línea está el proyecto que pretende generar el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones de Tránsito (CATI) y el estudio que está licitando CONASET para identificar los lugares donde comenzaría a implementarse la fiscalización automática de velocidad en el país.
Mauro Huenupi
Editor
