COVID-19 y los Desafíos del Transporte Público
Frente a la pandemia del COVID-19, es indudable que nuestras ciudades y todos los sistemas que la sustentan, tales como los sistemas de salud, educacional y comercial, se han visto fuertemente afectados; es más, la crisis ha hecho tangible algunas de las principales insuficiencias y vulnerabilidades de éstos. Como Sociedad Chilena de Ingeniería en Transporte (Sochitran), hemos analizado atentamente los efectos que la pandemia ha tenido en el sistema de transporte de las ciudades y en los patrones de movilidad de los viajeros, con el fin de generar propuestas para atenuar sus efectos. Dentro de este análisis, el transporte público ha surgido como uno de los sistemas críticos en todas las ciudades chilenas, dado su rol tanto en la propagación del COVID-19, como en la provisión de un servicio necesario para el funcionamiento de las actividades esenciales.
En este contexto, el Directorio de Sochitran invitó a sus socios a un conversatorio virtual realizado el jueves 9 de abril, para discutir la situación de la crisis por pandemia COVID-19 y el rol del transporte público. A la sesión asistieron más de 20 socios. En la ocasión se plantearon diversas ideas y reflexiones sobre medidas que podrían ayudar a que el transporte público sea capaz de servir las necesidades de la población durante la crisis, y además aprender de la actual situación para que en futuras emergencias el transporte público sea más sostenible. A continuación se resumen las principales propuestas de nuestros socios.
Durante la duración de la pandemia, se consiera que las medidas de distanciamiento en las estaciones de transporte público y a bordo de los buses o trenes son muy relevantes para evitar el contagio masivo de la población. Por esto, mientras no haya cuarentena total, se promueve que las frecuencias de los servicios sean las suficientes para cumplir con ese objetivo en los próximos meses, entendiendo que esto tiene un alto costo para los operadores. En el caso de Santiago, el Metro es el mayor afectado: un sistema de transporte diseñado para transportar una alta demanda no es económicamente sustentable con la afluencia actual. Por otro lado, en regiones la gran mayoría de los sistemas de buses urbanos no están licitados, y solo en algunas ciudades está operando la figura del perímetro de exclusión, por lo que las autoridades no tienen la capacidad de mantener las frecuencias de los buses. Algo similar ocurre con los taxi-colectivo, que no tienen una regulación de frecuencias. Si las empresas de transporte no obtienen los suficientes ingresos, o sienten que están expuestos al contagio, dejarán de operar durante la crisis. En ambos casos, Santiago y regiones, si se quiere que la economía siga funcionando, se requiere una importante inyección de fondos estatales que permita al sistema de transporte público operar en condiciones seguras para sus usuarios y para los mismos operadores, particularmente los choferes de buses.
Nuestros socios concuerdan en que la situación del transporte público es compleja y, por lo mismo, es una oportunidad única para identificar mejoras en su diseño y en las políticas públicas orientadas al transporte en general, que podrían haber ayudado a mitigar los efectos del COVID-19.
En primer lugar, la pandemia ha hecho patente la necesidad de generar infraestructura adecuada para modos sustentables, como la caminata y la bicicleta. Si hubiera más ciclovías y mayor infraestructura para los peatones, un porcentaje de los usuarios de transporte público podría haber cambiado de modo a fin de evitar exposición. En el caso particular de la bicicleta, la provisión de infraestructura debe ir asociada a un reconocimiento de esta como un medio esencial de transporte, tanto personal como de pequeñas cargas, tal como lo proponen los Consejos Comunales de la Sociedad Civil (COSOC). Asimismo, de existir vías prioritarias para buses, sería más sencillo mantener sus frecuencias y evitar que sus usuarios viajen largos periodos de tiempo a bordo los buses.
Por otro lado, una institucionalidad más sólida y organizada hubiera ayudado fuertemente mejorar la gestión del transporte público. En la actualidad, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y sus servicios regionales (SEREMITT) tienen atribuciones limitadas para gestionar y coordinar planes de emergencia. En el caso de Santiago, esto fue claro cuando se modificó el horario de inicio de Metro y no se coordinó con los horarios de operación de los buses, generando aglomeraciones de usuarios de transporte público en las estaciones de Metro. En el caso de regiones, como se explicó anteriormente, los servicios de buses urbanos no se encuentran licitados, lo que dificulta el potencial de negociación con los operadores. En este contexto, cabe reiterar la recomendación de la sociedad de crear una autoridad metropolitana de transporte en Santiago, Valparaíso y Concepción, y la regularización de los sistemas de transporte público en el resto de las ciudades mediante licitaciones o, al menos en el mediano plazo, mediante la implementación de perímetros de exclusión.
Por último, es necesario destacar que la crisis ha hecho evidente la gran segregación de nuestras ciudades, donde muchas personas deben viajar largas distancias para trabajar o estudiar. Si tuviéramos ciudades más compactas, o bien ciudades donde el acceso a las fuentes de trabajo y los servicios básicos se pudiera realizar caminando, muchos de los problemas actuales no existirían. Si bien el transporte público no es el que origina las estructuras de nuestras ciudades, sobre él recae las falencias en planificación urbana, siendo sus usuarios los principales perjudicados. Esperamos que la situación actual nos concientice de la importancia de construir ciudades a escala humana, pensadas en las personas y no en los autos.
