El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ha manifestado en el último tiempo, a través de distintas iniciativas, una disposición a debatir sobre urbanismo y transporte. Así, hay en desarrollo un estudio que está analizando ajustes y modificaciones a la metodología para los Estudios de Capacidad Vial de los Planes Reguladores Comunales (ECV). Entre los aspectos interesantes a cambiar está el concepto de Capacidad Vial asociado principalmente a modos motorizados, por el concepto de Capacidad de Transporte, que incluye a todos los modos de transporte que posibilitan la movilidad urbana, tanto motorizados como no motorizados. Destaca también la extensión de estos análisis a los Planes Reguladores Intercomunales, ajustando los análisis a comunas según escala o vocación comunal, situaciones geográficas, etc. Se incorpora también mejoramientos en los diagnósticos comunales, a través de una mayor cantidad de recursos destinados a la toma de datos o análisis, usando las nuevas herramientas tecnológicas que ofrece el mercado en la actualidad.
El Análisis Integrado de Transporte y Uso de Suelo está en la línea de dar frescura a los ECV de los Planes Reguladores. La metodología vigente utiliza un enfoque secuencial para relacionar estos temas, en el cual se define previamente las localizaciones de los distintos tipos de hogares y usos de suelo, constituyendo las variables explicativas de los viajes que ingresan a un modelo de equilibrio Clásico de Transporte (oferta – demanda). Este modelo de equilibrio permite determinar la demanda de viajes, asignándola a una oferta de red vial y de transporte público predeterminada. Bajo estas condiciones, el Instrumento de Planificación Territorial vigente se limita solo a generar las condiciones para la provisión de la oferta necesaria para satisfacer la demanda de transporte, en vez de propiciar condiciones para que se desarrollen usos de suelo de calidad que puedan ser alcanzados por distintos modos de transporte.
Otro tema que ha estado cuestionado es la Política de Estacionamientos vigente, ya que en Chile se ha utilizado las normas de provisión mínima de estacionamientos. La propuesta para permitir que se regule el máximo de estacionamientos en zonas con gran congestión tiene actualmente un alto consenso técnico. El mecanismo de cálculo del número máximo de estacionamientos debiera estar relacionado con la saturación vial que presenta el sector donde se localiza el proyecto, al momento de solicitar el permiso de edificación, y no calcularse a través de formulas dadas en los Planes Reguladores, como se realiza en la actualidad. Las expresiones utilizadas dependen del tipo de uso de suelo, sin ninguna variable que mida el nivel de movilidad que presenta la comuna.
Este enfoque secuencial de reacción ante una política previa también es asimilable a los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte (EISTU). Estos estudios, que no tienen el carácter obligatorio, son fácilmente eludibles dados los umbrales que poseen como exigencia, generados de esta manera para compatibilizarlos con la normativa y atribuciones de que dispone la Ley Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC). La nueva Ley de Aportes que propicia el MINVU tiene como fin simplificar el procedimiento de obtención de permisos de edificación, estableciendo que las cesiones gratuitas de terrenos que establece la ley por parte de los proyectos podrán cumplirse mediante el pago a la Municipalidad respectiva del valor equivalente del terreno a ceder. Los montos de los aportes que las Municipalidades recauden por aplicación deberán administrarse en una cuenta única y ser invertidos, íntegramente, en la ejecución de un Plan de Inversiones en el Espacio Público y su administración. Este Plan de Inversiones deberá elaborarse sobre la base de los ECV del Plan Regulador Comunal vigente.
Esta propuesta de Ley presenta varios problemas al no contar de un enfoque macro o de sistema estratégico de transporte, dado que cada comuna deberá elaborar su Plan de Inversiones que -aunque fuera estandarizado- tendría como resultado un plan de obras contemplando sus necesidades independientemente de la comuna vecina, lo que será especialmente relevante en inversiones de transporte en las grandes ciudades. Se mantienen también las insuficiencias de los actuales instrumentos para abordar la movilidad de transporte integrada al uso de suelo. El aspecto positivo de la propuesta de Ley es la intención de generar una normativa de alcance global en cuanto a los aportes que deben hacer los nuevos desarrollos inmobiliarios, propiciando la internalización de efectos externos mediante contribuciones. Sin embargo, debiera hacerse obligatoria la aplicación de nuevas metodologías según escalas, ya sean estratégicas, tácticas, a nivel comunal, intercomunal, metropolitano, regional etc., redefiniendo los umbrales actualmente existentes e incorporando la evaluación económica social para la obtención de la cuantificación del impacto o externalidad.
La gran pregunta es hasta dónde la voluntad manifestada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en estos ECV de Planes Reguladores podrá ser entendida como una modificación mayor que integre los conceptos de Urbanismo y Transporte, de manera de cuantificar de mejor forma la normativa de estacionamientos y las externalidades de localización. La forma en que los Planes Reguladores abordan la movilidad urbana puede resolverse, si así se requiriera, mediante un Decreto del MINVU. En cambio, modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones requieren de la aprobación del Congreso.
La Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, construida por un grupo notable de expertos en urbanismo, economía urbana y transporte -de carácter transversal del cual SOCHITRAN también formó parte- analizó estos temas y propuso soluciones a varios de los conceptos expresados anteriormente. Luego, están todas las cartas sobre la mesa, faltando sólo la voluntad política para hacer las jugadas que permitan concretar los cambios mayores que incorporen estos temas a un nivel superior, enfrentando los problemas de diseño urbano, externalidades y transporte en forma integrada y no parcializada, como se ha hecho hasta ahora.
Si estas discusiones se postergan, terminaremos como siempre, con comisiones, estudios e iniciativas que se limitan a maquillar con nuevas técnicas las metodologías existentes, para que se sigan ajustando a la política, institucionalidad y normativa vigentes, las cuales casi por tradición se ha evitado tocar.
